He dejado de contar las personas con trastorno mental grave que viven en la calle y que son descartados una y otra vez por servicios psiquiátricos por suponer un problema social. Rizando el rizo, descartan y cuestionan diagnósticos y derivaciones de los propios colegas de la psiquiatría. Los jueces cuestionan al técnico que deba intervenir con el caso desde la calle, ya que para eso ya está la familia (¿dónde está?, ¿cómo encontrarlos?. ¿como identificar al sin nombre que vive dentro de su delirio?) o los servicios de urgencia. Esos servicios médicos, que servidor ha trabajado en un SAMU, se acuerdan de su coordinador...o de nosotros cuando deben acudir a valorar situaciones de ese tipo porque no lo ven de su competencia.
En la calle, el psiquiatra decide no salir de su despacho; el forense y el juez quieren que tengas localizado al señor para cuando ellos acudan esté en la calle de siempre y no en la otra punta de la ciudad. Cuando llevas al señor en persona al hospital, el médico de turno te suelta que gente como esa es la que está echando a perder su pensión y que la solución es mandarlo a su país de origen. No existen recursos sociosanitarios suficientes y los existentes no son valorados porque el usuario ya es prejuzgado que no lo va a conseguir.
Es intentar hablar (luchar) contra un muro y somos pocos -parece ser- los que sentimos que algo en la sociedad no funciona que precisamos por un lado de reformas legales; por otro, salirnos del hermetismo, protocolos varios y TENER GANAS REALES DE TRABAJAR.
Con todo lo anterior mencionado, como no voy a sentirme desilusionado.
